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FUENTE: LA NUEVA ESPAÑA
El magistrado David Ordóñez sostiene que la reciente sentencia de la UE podría obligar a valorar de nuevo los méritos de los boticarios que participaron en el concurso de 2002
Miércoles 09 de junio de 2010
Pruvia (Llanera), Pablo ÁLVAREZ
Una sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha sembrado una notable inquietud entre los farmacéuticos asturianos. La resolución afecta a un concurso convocado en 2002 por la Consejería de Salud, en el que se otorgaron 24 licencias de apertura de boticas, el mayor proceso de estas características llevado a cabo en la región hasta la fecha.
Después de infinidad de vaivenes, las veinticuatro oficinas están en marcha. Pero ahora llega una resolución judicial que amenaza con oscurecer su futuro al declarar que la normativa de apertura de boticas del Principado -y, más en concreto, un decreto aprobado en el año 2001- discrimina a los farmacéuticos de fuera de la región al otorgarles menos puntuación en el baremo de méritos. Ahora, y sobre la base de la citada sentencia, la última palabra deberá pronunciarla el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El magistrado David Ordóñez, titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial, analizó ayer los aspectos jurídicos más relevantes del modelo de farmacia vigente en España. Lo hizo en Pruvia, en el marco del primer Congreso Cofas (Cooperativa Farmacéutica Asturiana). En las líneas que siguen, el magistrado Ordóñez desmenuza la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
l Trascendencia de la sentencia del TUE. «Esta resolución judicial se inscribe en el marco de una lucha entre partidarios del intervencionismo y partidarios de la liberalización. Tiene una incidencia extraordinaria no sólo en Asturias, sino también en España y en Europa. Da la razón sólo en una cierta medida a los recurrentes. Puede decirse que es una sentencia salomónica».
l Claves de la sentencia. «Es absolutamente clara en la medida en que considera ilegal e inaceptable que el hecho de ejercer la profesión de farmacéutico fuera de Asturias o tener una nacionalidad distinta de la española sea perjudicial a la hora de aspirar a la concesión de una licencia de apertura de una farmacia».
l ¿Cómo queda el modelo español de farmacias? «La sentencia es muy matizada. No cuestiona el modelo farmacéutico español, sino que recuerda que están permitidas restricciones a la libertad de establecimiento cuando existan razones de interés general, justificadas y proporcionadas. Eso sí, introduce un factor de inquietud y traza una serie de líneas rojas que no se pueden traspasar. El régimen español deja que cada autonomía fije los criterios de apertura de farmacias. Por ejemplo, en Navarra tienen un sistema bastante liberal, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España. Hace unos años, la Comisión Europea pretendió generalizar el sistema navarro, y ahora el Tribunal de Justicia de la UE le responde que, sin perjuicio de la legalidad del sistema navarro, también estaría justificado un sistema más intervencionista, como sería la opción del legislador asturiano».
l Población y distancias. «La resolución judicial salva, con ciertos matices, los parámetros de los módulos de población y de la distancia mínima entre oficinas de farmacia, pero introduce una serie de precisiones inquietantes. Por ejemplo, permite que cualquier tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, esté vigilante para que la aplicación de esos parámetros, que en principio son razonables, no vaya más allá de lo necesario. Sobre el papel, podría demostrarse que esos parámetros, en determinadas ciudades y por razones estacionales, pueden no ser los adecuados, y entonces deja de estar justificado el sistema».
l ¿Qué debe hacer ahora el Tribunal Superior de Justicia de Asturias? «Tiene que pronunciarse, entre otras, sobre dos cuestiones, estando vinculado por lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la UE. Una parece bastante clara y resuelta: en el momento en que el concurso incluye aspectos de nacionalidad, o en este caso de regionalidad -porque otorga más puntos a quienes han ejercido en Asturias-, sería contrario a derecho. Tiene que aplicarlo: eso es nulo, no hay duda. La segunda consiste en enjuiciar si la aplicación al caso concreto y en circunstancias particulares de los criterios demográficos y de distancia entre las farmacias están justificados en los términos delimitados por el Tribunal de Justicia».
l ¿Y eso echaría abajo el concurso de 2002? «La legalidad del concurso queda cuestionada en la medida en que se ha introducido un elemento discriminatorio manifiestamente contrario al derecho europeo, y eventualmente podría significar la necesidad de retrotraer el concurso y volver a valorar a los participantes. Ahora bien, se trata de una decisión que corresponden en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Asturias».
l ¿Acaba aquí la controversia? «Esta sentencia no da por cerrado el conflicto entre los titulares de oficina de farmacia y los licenciados sin farmacia, sino que se trata de una batalla dentro de una guerra que durará con el fin de conseguir un equilibrio razonable entre el intervencionismo máximo admisible y el liberalismo máximo aplicable».
l ¿Qué aportan este tipo de pronunciamientos? «En muchos casos, la pertenencia a la UE salva una cierta coherencia y homogeneidad en el funcionamiento de la España de las autonomías. Le da cierta sensatez y contribuye a que el Estado de las Autonomías no sea un disparate y, en el extremo contrario, a que la integración europea no genere un centralismo desproporcionado».
l ¿Cómo debe analizarse el marco jurídico de las farmacias españolas? «Está más bien en la línea intervencionista, con un sistema que ha dado muy buenos resultados. Por lo general, todos tenemos una experiencia muy positiva del funcionamiento de las farmacias. Por eso, debe actuarse con cuidado para modificar un sistema que ha dado buenos resultados y que el Tribunal de Justicia de la UE sólo ha cuestionado en aspectos muy precisos. Otra cosa es que alguien vea con un poco de recelo que algunos farmacéuticos ganan mucho dinero».
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