En España, las normas estrictamente nacionales, establecen unas limitaciones a la apertura de farmacias, se supone que para proteger la salud de la población, incluso de aquella que vive en pueblecitos que carecen de farmacia merced a la aplicación de esas mismas normas que lo impiden y que se dicen dictadas en defensa de la salud de, entre otras, esas personas que carecen de farmacia en su población.

Como sabe, desde el año 86, España es miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea. Esta pertenencia a la Unión Europea, no es asunto baladí. España ha tenido que ceder una parte no menor de su SOBERANÍA POLÍTICA, en favor de las autoridades comunitarias.

Entre otras parcelas de soberanía cedidas, se encuentra lo concerniente a las reglas comunes de mercado y al Derecho de la Competencia. Bien, pues los organismos de la Unión Europea, en uso de esa soberanía cedida por todos los estados, se ha pronunciado sobre el particular en forma de DICTAMEN MOTIVADO ( junio, 2006), conminando al Reino de España a remover las restricciones al acceso a la profesión.

Nuestro Gobierno, ante tal requerimiento comunitario ( cuyo origen, como explícitamente se admite en el Dictamen Motivado, se encuentra en los centenares de denuncias de farmacéuticos españoles), simplemente se ha limitado a mirar para otro lado, a dejar pasar el tiempo, y a seguir permitiendo una situación ilegal a todas luces, mientras espera a ver si el poder financiero y político de los Colegios de Farmacéuticos ( entiéndase, de farmacéuticos con farmacia), es capaz de doblegar a la Comisión Europea y conseguir que archive las actuaciones para que siga el oligopolio que ostentan.

Entretanto, los tribunales de Justicia aplican mayoritariamente las leyes autonómicas españolas ( que son puro seguidismo jurídico de la filosofía restrictiva que nace en el ordenamiento nacional por Decreto de 24 de enero de !! 1941 !!) aunque alguno se ha parado a pensar que el Derecho Comunitario Primario ( el que establece el Tratado de la UE), así como la jurisprudencia del TJCE ( tribunal de justicia de las comunidades europeas) está ahí para algo, y en consecuencia, han planteado sendas cuestiones prejudiciales en las que se duda de la vigencia de la norma española.

Por otro lado, existen intereses de muchos políticos en que esto no cambie, intereses que por decirlo suavemente, pueden hacer que algunos jueces se piensen muy mucho dictar determinadas resoluciones que pongan patas arriba un sistema establecido y más o menos tolerado por todos... sobre todo, por quienes se benefician de él.

Aqui tenemos varios  ejemplos sin ánimo de ser exhaustivo.

Presidente valenciano Francisco Camps, cuya mujer es titular de farmacia en Valencia; el Vicepresidente valenciano Antonio Clemente que es titular de oficina de farmacia (¡qué casualidad que fuera el Colegio de farmacéuticos de Valencia el que más defendiera en Bruselas el modelo actual de farmacia!); la Adjunta del Defensor del Pueblo, Maria Luisa Cava del Llano esposa de boticario con farmacia; José Manuel Soria vicepresidente del gobierno canario y hermano de titulares de oficinas de farmacia; José Ramón Bauzá Díaz, presidente del PP balear y titular de farmacia; el diputado andaluz García Trenado dueño de botica; la ex consejera de Salud balear Aina Salom dueña de farmacia; el ex consejero de Salud andaluz Eduardo Rejón, tiene una farmacia su esposa; el ex portavoz de CC José Miguel González; el parlamentario navarro Alberto Catalán también es dueño de farmacia; el diputado de las Cortes de Aragón José Cosme Martínez Gómez que fue ponente de la modificación de la ley farmacéutica aragonesa es dueño de una farmacia; el ex consejero de sanidad murciano Francisco Marqués le compró a su hija una farmacia (¡benditos méritos para ser titular de farmacia en España!). Por toda España hay políticos propietarios de farmacias que impiden cualquier modificación farmacéutica con claros motivos de interés personal.

También hay diputados nacionales como Arsenio Pacheco Atienza, que además es portavoz adjunto en la Comisión de... ¡Sanidad! y es dueño de farmacia; Alejandro Ramírez del Molino también dueño de otra farmacia.

Y senadores como Francisco Pagola Sáenz, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja además de ser dueño de farmacia. Francisca Mendiola Olarte cuyos progenitores son dueños de 2 farmacias, e implicada en un escándalo por el traslado de un Centro de Salud junto a la farmacia de su madre; Rosa Nuria Aleixandre que pertenece a la Real Academia de Farmacia, y que...¡ también pertenecen a la Comisión de Sanidad del Senado! Aquí, en el Senado, también aparece como dueño de farmacia y por partida doble, ya que su ex cónyuge también es propietaria, el senador Juan de Dios Martínez Soriano.