Home Modelo Político Políticos con intereses La exconsellera de Salut i Consum, Aina Salom Soler, Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) es inhabilitada por sus intereses económicos particulares, aparte tenía competencias en la concesión de licencias de apertura de farmacias. Juez y parte

Facebook Share

Enlaza a facebook

Comparte en tu red

La exconsellera de Salut i Consum, Aina Salom Soler, Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) es inhabilitada por sus intereses económicos particulares, aparte tenía competencias en la concesión de licencias de apertura de farmacias. Juez y parte PDF Print E-mail

 

 

Un juez ha decretado la incompatibilidad para tener una farmacia y ser cargo de Sanidad (Tribunal Superior de Justicia de Baleares)

 

Los antecedentes de este caso , se remontan al año 2002, cuando la  consejera de Salud, Aina Salom, compatibiliza el ejercicio de su cargo en el Gobierno autonómico con la titularidad de una oficina de farmacia que suministra medicamentos a una entidad dependiente del Consejo Insular, la denominada «Llar de Ancians» (Hogar de Ancianos).

 

Durante 2003 la farmacia de la consellera de Salud siguió vendiendo medicinas al Llar dels Ancians del Consell, e incluso se ralentizó  la búsqueda de los farmacéuticos que acabarán con el monopolio de Salom en el Llar dels Ancians, después de que se firmara un convenio entre el Ib-Salut y el Consell de Mallorca para la creación de farmacias hospitalarias dentro de las residencias de ancianos.

 

Salom incluso votó en el Consell de Govern el archivo de su propio expediente.

 

El 7 de diciembre de 2007, ha aparecido en el diario el Mundo, que El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha emitido una sentencia sobre la incompatibilidad de un cargo público y la propiedad de una oficina de farmacia . Como máxima responsable de Salud, Aina Salom tenía competencias en la concesión de licencias de apertura de farmacias, en materia inspectora y sancionadora y en capacidad normativa sobre la adquisición de medicamentos por parte de las residencias. Entre los años 1999 y 2003 la residencia pagó 35.000 euros a esta farmacia. Durante los mismos años la Conselleria de Salud efectuó pagos en la farmacia de Salom por valor de cuatro millones de euros.

 

Según el diario mallorcadiario.com, publicado el 11 de diciembre de 2007  negoció transferencias sanitarias, aceptó promociones y aprobó decretos. En el caso del Llar dels Ancians, institución gestionada por el Consell, la compra de las medicinas se realizaba a la farmacia de Aina Salom por costumbre.

 

Según Diario de Mallorca de 8 de diciembre de 2007,  dice que la parte dispositiva de la sentencia asevera literalmente que"doña Aina Salom ha ejercido el cargo de honorable consellera de Sanidad y Consumo a pesar de que esta actividad pública no es compatible con la propiedad de una farmacia abierta en la calle General Riera, 136, de Palma".

 

La sentencia, de 26 folios y cuyo ponente es el magistrado Fernando Nieto, basa su decisión no tanto en las circunstancias personales de Aina Salom, cuyo establecimiento suscitó una gran polémica política al ser una de las principales suministradoras de medicamentos para los internos de la Llar d´Ancians, una residencia pública del Consell de Mallorca, sino en la clara incompatibilidad entre el puesto de consellera de Sanidad y la titularidad de una farmacia.

 

En el diario El País, el Tribunal define un conflicto de intereses y establece los límites entre la actividad profesional y la gestión pública.

 

Por último un archivo, publicado en Libertad balear, donde se comparan dos casos totalmente distintos por razones políticas, pero que en el fondo queda muy claro la incompatibilidad de alto cargo y propiedad de una oficina de farmacia.

 

 

 

El Govern aumenta a un año la inhabilitación a Aina Salom por su farmacia

 

Miércoles 09 de julio de 2008

 

VIRGINIA EZA. PALMA. El Govern ha aumentado a un año la inhabilitación para ocupar cargos públicos de la que fuera consellera de Salud entre 1999 y 2003, la socialista Aina Salom. Inicialmente el Ejecutivo balear había acordado una inhabilitación por seis meses, en cumplimiento de la sentencia dictada en noviembre del pasado año por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) según la cual Salom no podía ocupar aquel cargo ya que era incompatible con sus intereses económicos particulares, al ser propietaria de una farmacia en la calle General Riera. El PP recurrió la decisión del Govern y el TSJB dictó un auto en el que consideraba insuficiente el medio año de inhabilitación y entendía que debía aumentarse a un año, según explicó ayer el Ejecutivo balear.

 

El Govern aprobó el incremento de la inhabilitación el pasado 27 de junio y fue publicado en el BOIB de ayer. El recurso del PP pedía una inhabilitación de 2 a 6 años al considerar que Salom había cometido una falta muy grave. El TSJB considera que se trata de una falta grave y que por lo tanto el período debe ser de hasta 2 años. Sin embargo, también entiende que "los atenuantes" que había utilizado el Ejecutivo balear para establecer los seis meses se habían aplicado "con demasiada intensidad" y que debería aumentarse, según explicó el Govern.

 

La inhabilitación no afecta al actual puesto de Salom como concejala en el Ayuntamiento de Esporles sino a cargos de la administración autonómica, ya que se refiere a la Ley de incompatibilidades de miembros del Govern y altos cargos de la Comunidad, en la que las concejalías de Ayuntamientos no figuran como incompatibles

 

Asimismo, el TSJB ordenaba en su auto que se publicara íntegramente su sentencia de 2007, tal y como pedía el PP, ya que la publicación inicial en el BOIB no mencionaba el nombre de Aina Salom. El BOIB de ayer sí publica íntegramente el fallo.

 

El TSJB rechaza, en cambio, la pretensión del PP de que se anularan los actos que Salom dictó como consellera, dado que se cumplía con la Ley de Ordenación Farmacéutica. Asimismo, rechaza que Salom devuelva las cantidades que facturó su farmacia a instituciones públicas mientras fue consellera, puesto que no fue ella quien las percibió.

 

Mientras fue consellera, Salom dejó a otra persona su establecimiento farmacéutico, que fue el proveedor habitual de la vecina residencia de ancianos, propiedad del Consell de Mallorca. En su sentencia, el TSJB consideró que los tres millones y medio de euros que la farmacia de Salom facturó al Consell durante los cuatro años en los que fue consellera no eran una cantidad "baladí".

 

Según una sentencia del TSJ de Baleares

 

 

Ser gestor de Sanidad, incompatible con tener una farmacia

 

Poseer la titularidad de una oficina de farmacia es incompatible con el desempeño de un cargo público, según una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 16 de noviembre. El escrito judicial estima un recurso formulado en 2001 por 28 parlamentarios del PP donde se recogía que la socialista Aina Salom no podía haber ocupado la Consejería de Sanidad, al ser un cargo incompatible con la posesión de una botica.

 

R. G. R. 17/12/2007

 

La sentencia, de 26 folios y a la que ha tenido acceso este periódico, basa su decisión en la clara incompatibilidad entre el puesto de consejera y la titularidad de una farmacia. Ante la demanda de los parlamentarios del PP, se esgrimió que Salom no incurría en incompatibilidad, puesto que había designado un farmacéutico sustituto para hacerse cargo del establecimiento. Sin embargo, el tribunal rechaza la vlidez de esa tesis acogiéndose a la Ley balear de Incompatibilidades. Ésta se basa en la necesidad de garantizar siempre que la Administración "sirva con objetividad y plena imparcialidad los intereses generales. El reflejo más inmediato de ello se concreta en la incompatibilidad más absoluta que evite el desempeño de cualquier actividad ajena que pudiera impedir, dificultar o menoscabar la disponibilidad para cumplir los deberes y funciones del cargo público".

 

A primera vista, el jurista Manuel Ayudarte considera que se trata de una "doctrina exagerada, porque, según esta norma, ningún cargo público de esta comunidad podría tener una ocupación anterior", lo que se agrava si se tiene en cuenta que "la mayoría de las personas que ocupan este tipo de cargos proviene del ámbito empresarial, con profesiones liberales, o del funcionariado".

 

"Teniendo en cuenta que las incompatibilidades están establecidas desde un punto de vista profesional, cabría preguntarse si desde un punto de vista político son de aplicación", reflexiona Ayudarte, quien recuerda que la Ley de Garantías que fija las incompatibilidades de los farmacéuticos no habla de cargos públicos y que "la interpretación de incompatibilidades debe ser restrictiva, puesto que supone un menoscabo de derechos".

 

 

Un juez declara incompatible tener una farmacia y ser cargo de Sanidad

 

A. M. - Palma de Mallorca - 11/12/2007

 

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha señalado en una sentencia la incompatibilidad de un ex alto cargo, el de la consejera de Sanidad del PSOE entre 1999 y 2003, Aina Salom, con su farmacia. Según la sentencia, la consejera ejerció este cargo político en el Gobierno de Baleares "a pesar de que esta actividad pública no es compatible con la propiedad de una farmacia abierta". Sanidad tiene competencias reguladores en materia de Farmacia.

 

La líder del PP, Rosa Estarás, resaltó la "gravedad" de la decisión judicial, nacida de un recurso de su grupo en 2001, para hacer un paralelismo y defender el "escrupuloso" cumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte el ex presidente balear Jaume Matas. El antiguo dirigente balear está contratado como alto ejecutivo en EE UU por el grupo hotelero Barceló, el mismo que medio año antes, logró la adjudicación del Palacio de Congresos de Palma por parte de un consorcio bajo control gubernamental de cargos políticos del entorno de Matas. El Tribunal define un conflicto de intereses y establece los límites entre la actividad profesional y la gestión pública. La ex consejera Salom designó un farmacéutico sustituto en 2001.El PP le reprochó que siguiera vendiendo partidas de medicamentos a locales asistenciales a los que atendía sin ser consejera.

 

La ley balear, según el Tribunal, persigue vetar las actividades privadas que comprometan o pongan en entredicho su objetividad y plena imparcialidad al servir a los intereses generales.

 

 

 
 

Traductor web