Durante el mes de julio de 2009 ha saltado la noticia de que el Tribunal Supremo ha anulado el concurso de adjudicación de farmacias en el Archipiélago de 2001, como consecuencia de lo cual las farmacias que fueron adjudicadas debían ser cerradas, dejando además sin efecto a los posteriores concursos.

En virtud de estos hechos me gustaría exponerle lo siguiente:

La aplicación de esta sentencia conllevará el pago de indemnizaciones millonarias a los adjudicatarios de farmacia del mencionado concurso que tendrán que cerrar sus farmacias, pero también podía tener que hacerlo a los propietarios de farmacia anteriores al mismo por “lucro cesante” durante el período durante el cual las farmacias concedidas ilegalmente permanecieron abiertas. Tendrían también algo que decir cualquier otro participante del concurso, pues el baremo que lo regía fue dictado por un órgano incompetente y con el agravante de que se concedió farmacia a personas que ni siquiera reunían los requisitos para presentarse al concurso.

A este respecto, hay que destacar que actualmente existe una cuestión prejudicial elevada a Luxemburgo por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la que se pregunta si la planificación y los baremos del modelo farmacéutico español son contrarios al artículo 43 del Tratado de la UE sobre el libre establecimiento.

Los concursos de méritos para la obtención de farmacia se caracterizan por la arbitrariedad e interés con que se elaboran los baremos que los rigen, evidenciándose todo un abanico de posibilidades dependiendo de la Comunidad Autonómica. Esta situación ha desembocado en que tanto los baremos como las leyes planificadoras sean recurridos en los tribunales por sistema con lo que las aperturas de farmacias son retrasadas de continuo obligadas a cerrar por resolución judicial tal como ha ocurrido ahora, pero también en muchas ocasiones anteriores.

No se puede entender que el Gobierno de Canarias continúe manteniendo un sistema de planificación y ordenación farmacéutica como el que padecemos los canarios. Un sistema que provoca la judicialización sistemática de cualquier apertura de farmacia y que obligará al Gobierno de Canarias a destinar cifras multimillonarias del ya económicamente maltrecho Servicio Canario de Salud al pago de indemnizaciones que seguramente nos va a privar a todos los canarios de futuras mejoras en las infraestructuras existentes, en la creación de nuevos centros asistenciales médicos, centros para discapacitados, de enfermos de Alzheimer o la propia aplicación de la Ley de Dependencia.

Resulta obvio, que estos problemas relacionados con la limitación de la apertura de farmacias no se darían en un sistema de apertura liberalizado o de mínimos. Por eso, ahora más que nunca, es imprescindible cambiar el actual sistema de concesiones de farmacia basado en una planificación puramente económica de la farmacia, generador de rentas cautivas de los ya instalados, para pasar a una regulación sanitaria de la apertura en el que el Gobierno canario establezca el número mínimo de farmacias que debe existir en cada zona pero no un máximo.

Y es que no existe ninguna razón sanitaria para que justifique la existencia de módulos de población y distancia en la apertura de farmacias. Prueba de ello es que en Navarra, con módulos mucho menores se ha conseguido que el número de farmacias se duplique, siendo el aumento especialmente significativo en las zonas rurales. (Finalizado el punto 7, le hago un resumen de las principales características del Modelo Navarro).

No se entiende por qué el Gobierno de Canarias tiene como principal, quizá único, interlocutor a la hora de establecer el mecanismo de concesión de farmacias a los Colegios Profesionales de Farmacéuticos, cuando éstos no representan en absoluto a los farmacéuticos sin farmacia, que constituyen las 2/3 pates de sus colegiados. Es evidente que desde los Colegios siempre han dificultado al máximo la concesión de nuevas farmacias y, por eso su gran interés en que estos Concursos se mantengan. Para ello no dudan en disfrazar sus intereses puramente económicos con argumentos de protección de la Sanidad, olvidándose del mejor servicio a los ciudadanos. Esta actitud deriva del hecho de que los presidentes y responsables colegiales en su mayoría son titulares de farmacia o bien tienen a algún familiar que lo es.

La farmacia está definida como un servicio privado de interés público. Los colegios y farmacéuticos propietarios basculan de forma repetida entre los aspectos público y privado de la definición según sea su conveniencia. Así, cuando las administraciones pretenden regular la transmisión o venta de las farmacias alegan que con ello se atenta sobre sus derechos comerciales privados y, en cambio, defienden la existencia de módulos por el carácter público de las farmacias. Como resultado se ha llegado a la curiosa situación en que farmacias adjudicadas por la Administración de acuerdo a un concurso de méritos, luego son vendidas con el agravante de precios son desorbitados debido a las restricciones que la propia Administración impone. Posteriormente los que han vendido se vuelven a presentar en concursos posteriores sabiéndose en ventaja puesto que en Canarias estos baremos priman al farmacéutico que ha sido titular de farmacia.

LOS CONSUMIDORES.

La CAPILARIDAD del modelo navarro se ha traducido en una mayor valoración de la farmacia por parte de los navarros. Así, queda de manifiesto en  una encuesta de 2007 encargada por la asociación de consumidores navarra IRACHE  a CIES con el fin de recoger las opiniones que tiene la población sobre este sector farmacéutico y especialmente tras la aplicación de la Ley Foral 12/2000.  Esta encuesta revela que  un60% de la población considera que ha mejorado la atención y el servicio de las farmacias; porcentaje que se incrementa al 70% en localidades menores de 5.000 habitantes. Solamente un 4% considera que la nueva ley ha sido perjudicial. (ANEXO I).

Un sondeo más actual de esta misma asociación sobre la población muestra que las farmacias  y el comercio tradicional son los sectores más valorados en Navarra.(ANEXO II).

A raíz del  Comité de Peticiones en el Parlamento Europeo (al que Plafarma acudió como peticionario), la asociación IRACHE aplaudió las ventajas de la reforma que supuso la Ley 12/2000 y mantiene que la liberalización producida ha redundado en una remodelación de farmacias ya existentes y en una progresiva mejora del servicio con un claro beneficio para los consumidorescon la creación de farmacias en localidades pequeñas donde no existían o el aumento en número en poblaciones como Pamplona. La asociación concluye que, a la vista de la opinión de los consumidores y transcurridos nueve años desde la aprobación de la ley de farmacias, dicha ley ha redundado en una mejora para los ciudadanos desde el prisma de consumidores y usuarios. (ANEXO III Y IIIB).

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) defiende la liberalización de las actuales normas, limitándolas a las estrictamente justificadas. La OCU emitió un informe de fecha septiembre/octubre de 2007, donde afirma que la falta de competencia en las farmacias es un perjuicio para el consumidor. Según este mismo informe, en un estudio realizado entre sus socios, un 77,1% se muestra a favor de la liberalización y en su mayoría opinan que la liberalización reportaría mayor competencia profesional, abaratamiento de los medicamentos publicitarios y de la parafarmacia y más ventajas en términos de calidad de servicio y horarios de apertura.(ANEXO IV).

La Asociación de Consumidores de Palencia-UCE y pide más farmacias en poblaciones de menos de 5000 habitantes y que Palencia deje de ser la que menos farmacias rurales tiene en toda España. (ANEXO V).

LAS AUTORIDADES POLÍTICAS.

La razón del mantenimiento del modelo mediterráneo  de farmacia es puramente económica.

De un lado, los actuales propietarios de farmacias, utilizan todo su extraordinario poder económico a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones afines para mantener sus privilegios y dificultar al máximo la apertura de nuevas farmacias que afectarían negativamente la recaudación de las suyas.

De otro lado, las distintas Comunidades Autónomas y el Gobierno de España también se benefician económicamente del modelo mediterráneo. Es bien conocido el titular de un artículo publicado en "Cuadernos de Farmacia", de 1996, que se titulaba "Las cosas claras en el Ministerio: o pagáis o se os liberalizará", en el que se explicaba que a nivel de Ministerio de Sanidad se ofrecía mantener el status del sector farmacéutico a cambio de un sacrificio económico. (ANEXO VI).

Así ocurre que las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España se benefician económicamente a través del dinero derivado de las  reducciones en los márgenes de beneficio sobre el precio de los medicamentos y del impuesto creado a partir del RDL 5/2000, según el cual las farmacias que superen una determinada facturación al Sistema Nacional de Salud por las dispensaciones de medicamentos, se les realiza una deducción creciente según su facturación.

El RDL 5/2000 es un claro ejemplo de contrapartida por parte de los Colegios de Farmacéuticos para mantener las restricciones desproporcionadas.

Las aportaciones aprobadas por el citado RDL son las siguientes:

Por tanto,  los gobiernos autonómicos y estatal han preferido que no aumente el número de farmacias en la medida que pueda bajarles la facturación para unos y la recaudación en forma de impuestos para otros.  Sin embargo, ese afán recaudador no debe sustituir el interés sanitario y el mejor servicio farmacéutico a los consumidores.

El modelo navarro derivado de la Ley 12/2000 ha estado sometido a grandes presiones desde su nacimiento, llegando incluso a amenazarse de muerte al Consejero de Sanidad que lo impulsó, D. Santiago Cervera. Se da la paradoja que incluso está recibiendo ataques de farmacéuticos que obtuvieron farmacia gracias a este modelo  y que jamás podrían haber tenido acceso a la titularidad de la farmacia con el “modelo mediterráneo”.  
Los Colegios de Farmacéuticos dicen que la farmacia Navarra no es restable, pero lo cierto es que la apertura de farmacias en Navarra continúa y es incluso una de las provincias más atractivas para comprar farmacia. (ANEXO VII).

Mientras tanto, hay pueblos con más de 4000 habitantes y una sola farmacia. Un caso extremo es Monte Vedat, en Valencia: más de 10000 habitantes y una farmacia.

Por los motivos económicos mencionados y a petición de los farmacéuticos propietarios de farmacia, el actual Gobierno navarro ha reformado la Ley  en el sentido de que el número de farmacias abiertas al público sea de una cada 700 habitantes en cada una de las localidades y no de una cada 700 habitantes en toda Navarra. Así se recoge en la Ley Foral 20/2008, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica. Esta modificación de Ley, no ha supuesto grandes cambios del modelo, y su único propósito ha sido menoscabar la credibilidad del modelo navarro en vista al debate que actualmente hay en Europa sobre las normas en la apertura de farmacias.

Por último quisiera hacerle saber la falsa relación que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos intentan establecer entre el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud y el número de farmacias abiertas por habitante. Continuamente afirman que es conveniente mantener las fuertes restricciones a la apertura de farmacias porque, según ellos, al aumentar el número de farmacias abiertas mayor sería el gasto farmacéutico. Esto es radicalmente falso, tal como demuestran los siguientes datos correspondientes al período 2007-2009 (se adjunta tabla debajo):

1. Melilla, con el 2º mayor número de habitantes por farmacia, tiene el mayor incremento del gasto farmacéutico de España.
2. Canarias, la Comunidad Autónoma con el 3er mayor número de habitantes por farmacia, tiene el 3er mayor incremento del gasto farmacéutico.
3. En el otro lado está NAVARRA,  la Comunidad Autónoma que con la regulación de apertura de farmacias más flexible de España, tiene mejor control del gasto que la inmensa mayoría de las otras. Así,  NAVARRA tiene el menor número de habitantes por farmacia y, sin embargo, el 3er MENOR incremento del gasto farmacéutico de España.

            
A la vista de estas evidencias, está claro que la asociación que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos establecen entre el aumento del número de farmacias y el aumento del gasto farmacéutico no se ajusta a la realidad, justificándose únicamente en las ansias de mantener a toda costa un sistema de apertura de farmacias que privilegia claramente a los farmacéuticos instalados. Sería como decir que si aumenta las farmacias abiertas, los médicos prescribirían más o los ciudadanos enfermarían más creando un gasto mayor.

Fuente: Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

Sistema Nacional de Salud