La sentencia de la prejudicial asturiana pone de manifiesto que la aplicación estricta de los módulos de población y distancia da lugar a que determinadas zonas queden desatendidas, y en virtud de la cual el juez de Asturias anula los artículos de planificación de las farmacias
Las nuevas boticas cubrirán zonas próximas a ciudades de gran dinamismo demográfico
LA VOZ | SANTIAGO
SÁBADO 19 DE MAYO DEL 2007
• Sanidade ha recibido 1.210 solicitudes para abrir las 92 nuevas farmacias que ha autorizado.
Mil han sido aceptadas y se bareman por una comisión en la que participan la consellería y los colegios farmacéuticos, y las 210 restantes resultaron excluidas por no cumplir completamente los requisitos de la convocatoria, según las listas provisionales difundidas ayer. «Se está trabajando muy intensamente para sacar lo antes posible un nuevo listado con los puntos de cada candidato», señalan desde el colegio oficial coruñés.
Francisco Cerviño, secretario de Sanidade del PSdeG afirma que el sector farmacéutico, como "enormemente expertos en interponer recursos judiciales que retrasen los procesos"
"Sí hay una carencia en la regulación de la transmisión de las oficinas"
Xurxo Ferrón Portavoz del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, es farmacéutico propietario en la parroquia de Castiñeira, en Ribeira.
El portavoz del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña quiso centrar la cuestión preguntándose qué entendía la mesa por liberalización: "Que no se rija por ningún tipo de norma, como puede ocurrir con quioscos o mercerías", "si esa liberalización debe llegar a permitir que grandes grupos económicos tengan cadenas de boticas", "si creemos que es buena la multipropiedad" o "si se considera importante que el servicio de farmacia siga estando garantizado en zonas económicamente poco rentables". Xurxo Ferrón no quiso hablar de "limitaciones", pero sí consideró que "debe haber una planificación de la farmacia, igual que la hay de los servicios sanitarios generales". Además, el portavoz del colegio profesional de A Coruña sostuvo que era poco lógico pensar "que quien legisla lo haga para beneficiar al grupo, más o menos reducido, que constituyen los propietarios de farmacia". Sí reconoció una "carencia legislativa" ante la cuestión del traspaso y venta de oficinas, algo que calificó de "paradoja" en una normativa tan minuciosa que, ejemplificó, hasta ha previsto cómo contar los metros de separación en el caso de una rotonda.
"Se pasa a los hijos. Se me ocurre que se herede la plaza de funcionario"
Vanessa Fernández Vicepresidenta de Boticarios sin Farmacia, es farmacéutica adjunta y tutora de cursos sanitarios homologados.
La oposición sistemática en los tribunales demora hasta nueve años las concesiones
La apertura de una nueva farmacia ha recibido siempre la sistemática oposición de los colegios de farmacéuticos, encargados, hasta ahora, de tramitar los expedientes de solicitud y realizar la concesión. Celosos guardianes de sus privilegios corporativos, que la Consellería de Sanidade intenta reducir con el argumento de que las oficinas son únicamente las gestoras de un servicio público, su reiterada negativa a permitir la instalación de boticas provocó, desde hace muchos años, que los aspirantes a obtener una de ellas se hayan visto obligados a recurrir a la Justicia. De esa forma, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se convirtió en el auténtico diseñador del mapa farmacéutico de Galicia.
JOSÉ VÁZQUEZ A CORUÑA
10 de julio del 2000
El alto tribunal calcula que en los últimos 12 años habrá resuelto unos 150 recursos autorizando la instalación de una nueva farmacia, aunque han tenido que estudiar casi un millar y todavía tienen pendientes otros tantos. La utilización de la vía judicial determinó que no haya sido el poder político o los colegios de farmacéuticos quienes hayan configurado el mapa de Galicia, cuando parecía lo lógico. Sin embargo, ha sido, sin quererlo, el Tribunal Superior quien al resolver caso por caso fue realizando el diseño. Como dice más de un magistrado «no sólo hemos tenido que aplicar nuestros conocimientos jurídicos, sino que hemos tenido que convertirnos en geógrafos, sociólogos, demógrafos, historiadores e, incluso, en ingenieros». Determinar si el agrupamiento poblacional para el que se solicita la oficina constituye un núcleo aislado y delimitado geográficamente, o tiene suficiente número de habitantes, fijado en 2.000, o si alguna infraestructura viaria, producto del desarrollo, separó a un grupo de ciudadanos de su núcleo original, son tareas que han recaído en el tribunal. En Galicia, no resultó fácil, dada su peculiaridad demográfica, pero «en nuestras sentencias _afirma el presidente de la sala de lo contencioso_ ha primado siempre el interés del servicio público de las farmacias ante otras pretensiones, ya fuesen corporativas o políticas, al entender que los núcleos aislados, que cumplen los requisitos legales, también tienen derecho a los servicios públicos».
¿Utilizan los Gobiernos Autonómicos el poder correctamente al servicio de los intereses generales? Evidentemente NO
Habría que remontarse a la elaboración de la norma que procedió a fijar la sede de las instituciones autonómicas, adoptada apenas nuestra autonomía echaba a andar, para encontrar otra que haya provocado la batalla social que generó el pasado año la aprobación por el Parlamento de Galicia de la ley de ordenación farmacéutica gallega. Como corresponde al gremio afectado por la misma, la batalla no fue, claro, de las de pancarta y barricada, pero no dejó, por ello, de presentar menor dureza: es suficiente con repasar con atención la prensa del período en que el proyecto de ley se tramitó para constatar la constante y fortísima presión ejercida por los colegios de farmacéuticos gallegos en defensa de sus particulares intereses y en contra de una regulación que afectaba sustancialmente a su situación profesional.
¡Realmente no era para menos! Sobre la estela de otras aprobadas previamente en comunidades autónomas de mayoría socialista, la ley gallega venía a cargarse de un plumazo el elemento esencial que tradicionalmente había venido definiendo el funcionamiento del sector farmacéutico en España: su concepción como un negocio (privado) y no como un servicio (público). Por eso, más allá de ciertas disposiciones discutibles de la ley _algunas de ellas objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno tras su aprobación parlamentaria_ la nueva filosofía que de ella se deriva es la única admisible en relación con un sector estratégico para el conjunto del sistema sanitario a comienzos del siglo XXI: la de que las oficinas de farmacia tienen la función de prestar un servicio público básico para los ciudadanos y la de que debe ser a partir de ahí, y no a partir de los intereses gremiales de los profesionales del sector, como aquel debe ser disciplinado.
Ello exigía, obviamente, trasladar a la administración autonómica gallega, competencias que habían venido siendo ejercidas, en una increíble posición de juez y parte, por los propios colegios farmacéuticos: las más importantes, las relativas a la autorización de nuevas oficinas de farmacia. La Xunta asume así un poder indiscutible, pero también una indeclinable responsabilidad: la de utilizar ese poder correctamente al servicio de los intereses generales. Pues bien: eso es justamente lo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ayer hemos conocido ha venido a poner en entredicho.
72 recursos individuales paralizan la apertura de 40 farmacias en Galicia
Una veintena de propietarios no aceptan la autorización de nuevas farmacias en sus municipios
Sanidade deberá resolver 72 recursos presentados por farmacéuticos a raíz de la adjudicación de las cuarenta farmacias autorizadas por la Xunta en 1998. De esos recursos, veintidós han sido interpuestos por titulados propietarios que no aceptan la apertura de más oficinas en los municipios en que ellos están establecidos. Alegan que la concesión de farmacias desvirtúa los módulos previstos en la ley gallega para la apertura de oficinas. Otros nueve titulados propietarios a los que se les adjudicó otra farmacia han recurrido porque no pueden trasladarse hasta que la Xunta no saque a concurso sus actuales oficinas.
Judicialización 
