Cospedal abre expediente para multar a los farmacéuticos que hicieron huelga

El Gobierno regional insiste en que no tiene dinero para pagar y culpa de la situación a Barreda

EL PAÍS Madrid 12 AGO 2011 - 21:27 CET

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, ha anunciado que ha abierto expediente a todos los farmacéuticos que secundaron la huelga de este jueves. El Ejecutivo regional insiste en que no tiene dinero para pagar y culpa de la situación al Gobierno de José María Barreda. Según los datos aportados por el viceconsejero de Sanidad, Jesús Galván, durante la jornada de paro, cerraron 718 de las 1.274 oficinas de la región, es decir el 56%. Estas protestaban por los 125 millones de euros que la Junta les adeuda.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con su obligación y nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley", ha dicho la presidenta para justificar la apertura de los expedientes. "Como no han dejado nada sino deudas es muy difícil asumir los pagos en tiempo y forma", ha señalado en referencia a sus antecesores. La presidenta castellano-manchega, que acababa de llegar a Ciudad Real desde Marbella, donde pasa sus vacaciones, ha agregado que Barreda y su equipo consumieron el 80% del presupuesto para Sanidad previsto para todo el año.

Tras su primer Consejo de Gobierno en la Junta, celebrado esta tarde en Ciudad Real, Cospedal ha acusado además a los farmacéuticos de ejercer el chantaje y la presión para conseguir cobrar. En su opinón, "no puede ser que un colectivo intente, a través del chantaje, lograr condiciones más favorables a las que puedan tener otros sectores, llegando esto a ser injusto para el resto". La dirigente popular ha señalado que su Gobierno está trabajando desde que llegó para que tanto los boticarios como el resto de empresarios de la región cobren los miles de euros que se les deben. Según sus palabras, "todas" las propuestas para intentar solucionar este problema están sobre la mesa "desde hace tiempo", pero "parece" que muchos farmacéuticos "no se quieren acoger" a ellas.

Esta mañana por ejemplo, el consejero de Economía se ha reunido con cajas de ahorros para intentar obtener crédito con el que pagar a los proveedores. El Gobierno autonómico ha ofrecido parte de ese crédito a las farmacias para que tengan una vía de financiación hasta que la Junta tenga liquidez para pagarles. Unos 200 establecimientos tienen intención de aceptarlo, informa Eva Sáiz.

La presidenta ha aprovechado su intervención para "agradecer" a "muchos" colegiados que hayan preferido la "sensatez" y que "el Gobierno tenga la oportunidad de dar opciones y de resolver los problemas para todos" continuando con su actividad como legalmente la ley "les exige" antes de provocar una situación que "no era deseada por nadie".

En la rueda de prensa ha intervenido también el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, quien ha asegurado que abonaron la mitad de los retrasos a lo largo del mes de julio y ha asegurado que el PSOE no pagó en mayo. Para Echániz, el cierre de las farmacias "es un profundo error, es inútil porque no van a poder torcer el brazo de un Gobierno que ha heredado una situación kafkiana en el ámbito económico". En línea a lo expuesto por Cospedal, el consejero ha apuntado que la situación que padecen los farmacéuticos "no es singular" y ha añadido que aplicarán "con toda la firmeza y con todo el rigor, como no puede ser de otra manera como autoridad sanitaria", la Ley de Farmacias nacional, y la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla-La Mancha aprobada en 2005.

Hasta 15.000 euros de multa

El director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, Javier Hernández Pascual, ya había advertido este miércoles de que el cierre de las boticas no estaba autorizado. “Incumple la reglamentación” y puede ser considerado como “una falta grave”, señaló, lo que implica multas que pueden oscilar entre los 3.000 y los 15.000 euros.

La federación estatal de empresarios de farmacia (FEFE) cuenta con la asesoría de un abogado que cree que esas medidas no se sostienen. "A lo que están obligados es a dar continuidad en el servicio, y eso se hizo con las guardias [hubo 221 oficinas abiertas por este motivo de las más de mil convocadas al cierre]", indicó el letrado Juan de la Cruz antes de conocer que la amenaza de apertura de expedientes se materializaba.

La presidenta de la federación en Castilla-La Mancha (FEFCAM), Dolores Espinosa, señalaba esta mañana que la respuesta de que "no hay dinero" no es de recibo, y apuntaba nuevas medidas de presión. Estas pueden pasar por repetir el cierre (se ha barajado hacerlo semanal), por hacerlos más prolongados o, en último caso, por cobrar a los pacientes los medicamentos y que luego sean ellos los que vayan al Servicio de Salud autonómico (SESCAM) a que les reembolse el importe.

Por otro lado, las acusaciones de Cospedal contra Barreda han motivado que el Ejecutivo central haya arremetido a su vez contra ella. El secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, se preguntaba esta mañana por qué, desde que el Gobierno autonómico recibió las competencias en 2002, "ha podido pagar con regularidad las facturas y ahora no es posible". "Nada de lo que sucede en este momento en situación preelectoral está exento de intencionalidad política", ha advertido. El Partido Socialista ha planteado la posibilidad de que la Junta emplee los 350 millones de euros que la región recibe del Estado todos los meses para pagar la factura farmacéutica, como hizo Barreda durante su mandato.

ESPAÑA

Cospedal expedienta a las farmacias de Castilla-La Mancha que secundaron el paro

Los farmacéuticos no descartan cobrar el importe íntegro de los medicamentos con receta pública

MARÍA JOSÉ MUÑOZ / TOLEDO

Día 13/08/2011 - 00.52h

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó ayer el inicio de la apertura de los expedientes informativos contra las oficinas de farmacia que el pasado jueves cerraron sus puertas al público atendiendo la convocatoria de los colegios de farmacéuticos de la región en demanda de los 125 millones de euros que les adeuda la Junta de Comunidades. En su comparecencia, Cospedal, sin citar a los farmacéuticos de Albacete, —que no secundaron la protesta—, agradeció la actitud de muchos colegiados, «particularmente los de una provincia que han dado una oportunidad al Gobierno para resolver los problemas de todos, y han preferido continuar con su actividad, como legalmente la ley les exige».

A continuación, su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, que recordó la nefasta herencia económica recibida del socialista Barreda, negó que la nómina farmacéutica se dejara de pagar tras la toma de posesión del Gobierno Cospedal. Aseguró que el primer impago al sector, el del 20 de junio, correspondió al anterior Ejecutivo, cuando «ya no tenía dinero para hacerlo; con el dinero del mes de diciembre pagaron abril». Recordó las «soluciones financieras razonables con la garantía de la propia receta» ofertadas a los farmacéticos, y reiteró el «profundo error», lo «injusto e inútil» del cierre. Pese a que «actuaremos con la ley en la mano» —dijo, en relación a los expedientes—, aseguró estar «con los brazos abiertos para encontrar una solución satisfactoria e inteligente».

Presupuesto consumido

En respuesta al «número dos» del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, quien se preguntó ayer por qué Barreda sí pagaba a los farmacéuticos y no Cospedal, ésta contestó que Olmos «seguro que sabía» que el presupuesto para Sanidad de Castilla-La Mancha lo había consumido el anterior Gobierno en los primeros meses de legislatura y que solo quedaba un 20 por ciento para los siguientes seis meses. «Como no han dejado nada sino deudas, es muy difícil asumir los pagos en tiempo y forma», añadió la presidenta, quien recalcó: «Eso es lo que ha hecho el Gobierno: trabajar y no parar de trabajar para conseguir a los farmacéuticos propuestas a las que ya se están sumando muchos, mientras que otros quieren seguir presionando para cobrar todos los meses como sería lo lógico en una situación normal».

En relación a posibles medidas de presión futuras, la presidenta de la patronal regional Fefcam,María Dolores Espinosa, dijo que se podría llegar a dejar de considerar la receta como un justificante de pago: «La receta ahora mismo es un cheque sin fondos, esta receta serviría como justificante para poder dispensar, pero habría que cobrarle al ciudadano su medicamento, darle su factura y que vaya a cobrar al servicio de salud correspondiente». Como ya informó ABC, al menos ha habido dos intentos de cobrar al ciudadano por parte del farmacéutico, pero no se materializaron por ser esta práctica ilegal. Sobre las posibles sanciones, Espinosa subrayó que «no hay ninguna legislación que obligue a un farmacéutico a arruinarse. Sancionarnos es injusto, estamos en una situación dramática».

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) exigió que se dé «una solución urgente» al problema de los farmacéuticos de Castilla-La Mancha, a los que los que transmitió su «más absoluta solidaridad». Cepyme «entiende» los problemas de liquidez de la Junta «tras un periodo de nefasta gestión», y es consciente de que Cospedal «se ha encontrado con la caja vacía», pero advirtió que «no deben ser las pymes y los autónomos los paganos en la búsqueda de soluciones».

«Que el Gobierno avale la deuda»

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), Fernando Redondo, ha exigido al Gobierno que aporte el aval que necesitan las farmacias ante las entidades financieras para que puedan seguir dispensando los medicamentos con cargo al Sistema Público de Salud. Redondo ha denunciado la situación «insostenible» que viven las farmacias de Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Murcia. «Están adelantando el importe de los fármacos con receta pública con créditos personales y han hipotecado sus propios bienes», explicó.

Redondo no duda que la situación se extenderá a toda España con el riesgo de cierre de farmacias y desabastecimiento de medicamentos. Los farmacéuticos entienden que, como las Comunidades ya no son solventes ante los bancos porque «no tienen fondos», la «única solución» es que sea el Ejecutivo quien avale los créditos que han contraído.