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Artículo escrito por Enrique Granda Vega, publicado en la revista ACOFAR, num. 473 de marzo de 2008, a fin de que ustedes valoren la actual situación de las farmacias en España. Aparte de la importancia de este artículo, es necesario resaltar el valor añadido que supone su autor.
ENRIQUE GRANDA VEGA, es Doctor en Farmacia (1973). Aparte de su currículum destacaremos que esta persona ha sido candidato a las elecciones al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) en 2006 frente a Pedro Capilla. Es Director del Observatorio del Medicamento de FEFE y Asesor del Ministerio de Administraciones Públicas (2000) y Consejero Técnico de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. Pertenece a la Real Academia de Farmacia de Cataluña (1998). Ha sido Subdirector General de Ordenación y Asistencia Farmacéutica en 1986 y Jefe de Servicio de Estupefacientes en 1984. Ha sido jefe del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas del Insalud y Jefe de Servicio de Informática en el Insalud (1979).
Es colegiado en los Colegios de Madrid, Almería, Asturias y Valencia.
En referencia al artículo, y haciendo un breve análisis sobre el veremos, que aún reconociendo la situación actual no hacen nada para corregirla. Así hacemos mención y denuncia de los siguientes puntos:
1º La connivencia existente entre Colegios y Administración.
La apertura de nuevas farmacias encuentra una gran resistencia en los Colegios y en todas las Comunidades Autónomas.
2º La situación permanece inamovible, aún con previsibles incrementos de población.
Sin embargo si vemos las proyecciones de población que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) podemos darnos cuenta de que, aún con el escenario menos expansivo habrá en España casi 5 ,4 millones de habitantes más en los próximos cinco años. Esto quiere decir que la población española habrá aumentado un octavo y que, para mantener el mismo ratio de farmacias actual habría que abrir unas 2600 de aquí al año 2015. Todo debería indicar que en ciertas Comunidades se estaría produciendo un mayor número de aperturas pero no es así.
3º La apertura de oficinas de farmacias es ridícula, por no decir nula.
En Andalucía, no se han abierto farmacias debido a que fue recurrido y ganado el famoso Decreto de Establecimiento de 2004. De momento la Ley de Farmacia de Andalucía está recurrida en el Tribunal Constitucional.
Por tanto en Andalucía no habido ningún concurso desde la ley básica de 1997.
En Cataluña, se abrieron 17 farmacias en 2006, una cifra ridícula en relación a sus aumentos de población.
En Madrid, el problema es aún más grave, por ahora, se encuentra en que con aumentos espectaculares de su población solo autorizó 3 nuevas farmacias en 2006, ninguna en la capital, y no ha convocado concursos en ese año, ni en 2007.
4º Poca fiabilidad de los datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Como dice el Dr. Granda Vega, (implícitamente parece que poco de fiar) “siempre” con datos del Consejo General, en el año 2000 hubo 138 aperturas netas –porque también se cerraron 20 farmacias por problemas legales y otras causas-, cuando para mantener el ratio actual deberían abrirse unas 520 farmacias al año, de las cuales al menos 300 deberían ir a parar a las cuatro Comunidades.
Un modelo de farmacias que cierra farmacias no solamente es injusto y desproporcionado sino perverso.
5º Desidia, negligencia o falta de interés por parte de los políticos.
Ante esta situación de desidia, ya que no puede calificarse de otra forma, hay que preguntarse si la intervención de las Administraciones no está representando una pesada carga -un peso muerto en palabras del informe Ecorys que ha preparado el Comisario McCreevy para apoyar la liberalización del sector- para satisfacer la demanda de los titulados que desean abrir farmacia. Por tanto las leyes de Ordenación Farmacéutica son precisamente la antítesis de la planificación que proclaman.
Todos los gestores cuando son investidos, prometen una rápida solución de la situación que han heredado de sus antecesores pero lo normal es que abandonen el cargo dejando las cosas como estaban.
Por tanto desde PLAFARMA, les pedimos la rápida denuncia al Tribunal de Luxemburgo y la fortaleza que no han sabido tener nuestros políticos, para mantener sus principios en base al Dictamen motivado.
6º Judicialización y retraso.
El recurso habitual para ocultar el inmovilismo suele ser el anuncio de una norma de desarrollo de la correspondiente ley, que acabe con alguna de las situaciones injustas que provoca el elevado intervencionismo administrativo de todas ellas. Si la norma llega a ser redactada encontrará opositores e informes jurídicos desfavorables que retrasara su publicación, y si llega a publicarse, tratara de hacer borrón y cuenta nueva de las solicitudes existentes, sobre las que no haya caído resolución, lo que acarrea una gran inseguridad jurídica en quienes habían puesto sus mejores años en preparar una vía de acceso que ahora se medirá por otro rasero.
Está claro que esta inseguridad jurídica provoca injusticias en los baremos.
7º Ocultación de datos y miedo a que esto se sepa en la UE :
Ante todos estos despropósitos surge el temor que lo que esta ocurriendo se sepa en las áreas de competencia y mercado de la UE y se convierta en un nuevo y peligroso argumento ante el Dictamen Motivado y la polémica que mantenemos hace ya dos años y que puede acabar en el Tribunal de Luxemburgo.
Todo esto no indica sino la injusticia y desproporción existente en materia de oficinas de farmacia en el Reino de España.
Sería justo que esa ineficacia, intervencionismo y excesiva dependencia de las Administraciones, se usara contra quienes desean que la situación permanezca, pues así llevamos arrastrando una situación de más de 60 años. |